En Monte Patria definen como impracticable el dictamen de la Contraloría de traspasar a los honorarios a contrata

Según un estudio de la Dirección de Presupuesto, para el año 2016 más de cuarenta mil personas se encontraban contratadas en calidad de honorarios,  en diversas reparticiones públicas, incluidas las municipalidades, un crecimiento exponencial que se debe a la creación de nuevas políticas públicas del Estado, que han instalado programas y diversos beneficios sociales, que para su materialización, y, en vista de que las plantas de los servicios públicos son insuficientes para llevar a efecto las acciones comprendidas, dentro de los citadas nuevas políticas públicas, se ha recurrido a esta modalidad de contratación.

Frente a esta realidad, el pasado 10 de enero la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen que obliga a las Municipalidades a traspasar a los honorarios a modalidad de contrata en el 2023. Ante esta situación el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, solicita ante la Cámara de Diputados y del Senado a suspender dicha aplicación, argumentando que “el dictamen tiene buenas intenciones, persigue lo que nosotros también pensamos, que no existan trabajadores de primera y segunda categoría. Los funcionarios honorarios no tienen seguridad social, no son reconocidos como funcionarios permanentes; si bien, nosotros compartimos la intención del dictamen, solo generará que se colapsen los municipios en cuanto a prestaciones y recursos”.

Una de las preocupaciones del alcalde montepatrino es que “para cumplir el dictamen, tendríamos que despedir a funcionarios”, entendiendo que actualmente la Municipalidad de Monte Patria cuenta con 400 funcionarios a honorarios e indicando que “este dictamen es impracticable en las comunas rurales y de gran extensión como esta ya que tampoco tenemos empresas que se interesen en externalizar nuestros servicios y generar contratación. Un funcionario menos es un servicio menos para nuestra comunidad. En el caso de que tuviéramos que asumir el dictamen, colapsaríamos financieramente, los municipios no podríamos pagar tal porcentaje en sueldos e incluso sobrepasaríamos lo que la ley estipula”.

Ley Corta Código del Trabajo

Dentro de las solicitudes, Herrera pide al gobierno y a los parlamentarios adoptar una postura ante esta situación que “saben que no se pueden practicar. Si el gobierno entrega financiamiento, para trasladar a los honorarios a contrata, nosotros felices; si no está el dinero, también está la posibilidad de hacer una ley corta, para que los funcionarios comiencen a trabajar por código del trabajo, para que avancen en estas garantías, pero deben haber esfuerzos”.

Cabe destacar que, desde el año 2015, los tribunales ordinarios de justicia, así como los últimos fallos de la  Corte Suprema  han resuelto considerar el principio de realidad jurídica en las relaciones contractuales entre  los servicios públicos y los prestadores de servicios, resolviendo que dicho vínculo contractual con la Administración Pública, se encuentra regida por el Código del Trabajo, lo cual ha generado imponderables a la hora del término contractual con un órgano de la Administración, pues al momento de generar los contratos se encuentran impedidos de  realizarlo por Código del Trabajo, pero finalmente se aplica el estatuto laboral al término de la relación.